Uno de los más importantes temas que el sector transporte aéreo nacional ha solicitado desde hace décadas como política pública, ha sido la creación de una entidad autónoma de investigación y dictaminación de accidentes de aviación, fuera de la influencia directa de la autoridad aeronáutica (la Agencia Federal de Aviación Civil, antes DGAC), ya que dicha dependencia no puede ser juez y parte en el momento en que se está determinando la causa probable de un accidente y los factores que han contribuido a provocarlo.
La razón es simple: en prácticamente todos los casos de accidentes o incidentes graves de aviación, se encuentra implicada, de una forma o de otra, la acción de las autoridades, sea por omisiones en la normatividad, negligencias o incompetencias en el momento de la supervisión de las aerolíneas, por falta de un sistema que garantice la seguridad operacional o de la infraestructura de apoyo, etc.
Cuando fallan una serie de factores que dan por resultado un accidente, lo más probable es que hubo problemas en la aplicación de los estándares y normas con que se rige un sector que no en balde es el medio de transporte más seguro del mundo, al grado que en el 2020 sólo hubo 5 accidentes fatales en todo el mundo. Y lo es porque los pasajeros son lo más valioso y sus vidas y las de los tripulantes, así como de otros posibles daños personales en el entorno, son la prioridad del sistema.
De ahí las auditorías que realizan periódicamente tanto las autoridades de aviación de Estados Unidos (FAA), a los países cuyas aerolíneas vuelan a su territorio, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a todas las naciones signatarias, para estar seguros de que las agencias de aviación internas siguen los lineamientos que con tanto esfuerzo la industria ha ido desarrollando, las cuales, por cierto, son resultado de la investigación de accidentes e incidentes graves de aviación ocurridos con el paso de los años, lo que ha arrojado miles y miles de recomendaciones, reglamentaciones y políticas adoptadas por los países, las armadoras de aviones, los aeropuertos y demás agentes involucrados en el sector.
Durante muchas décadas, México tuvo a la dirección de investigación y dictaminación de accidentes de aviación como un brazo más de la DGAC, sin presupuesto y con muy escasos recursos y apoyo. El resultado es que los dictámenes jamás pudieron ir muy lejos en la determinación de responsabilidades internas de los jefes de los investigadores y la probable intervención de otros agentes judiciales sólo complicaban las cosas, porque la premisa de la investigación de accidentes es evitar que estos eventos se repitan, no perseguir a eventuales culpables.
Hoy, por fin, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió sacar del ámbito de la AFAC esta importante función y ubicar la dirección bajo la autoridad directa de la Subsecretaría del Transporte. Lo ideal es que sea una comisión autónoma pero por algo se empieza y ojalá que doten a este nuevo ente de presupuesto suficiente, porque de la necesidad de recursos también nace la falta de eficacia.
Por lo pronto, el acuerdo está listo, la Cofemer ha dado su beneplácito y ya sólo falta su publicación. Nos urge una autoridad profesional en este aspecto. E-mail: raviles0829@gmail.com
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