Como muchos otros aeronáuticos mexicanos, tuve acceso en estos días, por medio de las redes sociales, a una copia del boletín electrónico EB 2024/9, fechado el día 7 de mayo de 2024, emitido por la Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas OACI, en el que se informa que en cierta reunión del Consejo de dicha organización se aprobó un mecanismo para atender Inquietudes Significativas de Seguridad (SSCs) identificadas en varios Estados Contratantes, pendientes de corrección por un período mayor a noventa días, refiriéndose especialmente a una pendiente de solución por parte de México, relativa al área de servicios de navegación aérea. Dicho de otra manera: México no ha atendido un riesgo significativo en la gestión de la navegación aérea en su espacio soberano.
Lógicamente, la lectura del boletín me generó un sentimiento de indignación, vergüenza, tristeza y lo más importante de preocupación. Y es que cuando comencé a hacer conciencia, por ahí a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, de lo que significa la gestión de la aviación civil y el papel en ello de la autoridad aeronáutica, (mi primer empleo aeronáutico remunerado fue como Jefe de la Oficina de Asuntos OACI en la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil o DGAC), México era un Estado Contratante de la OACI muy prestigiado a nivel internacional con personalidades como el capitán Emilio Carranza Rodríguez, el licenciado Enrique Loaeza Garay, el doctor Antonio Francoz Rigalt, el ingeniero Juan Guillermo Villasana, el capitán Andrés Fabre Tirán, el ingeniero Federico Dovalí Ramos, don Manuel Sosa de la Vega, el doctor Luis Amezcua González, don Andrés Pérez Zentella, el ingeniero Jorge Pérez y Bourás, ingeniero José Rodríguez Torres, don Manuel Ruiz Romero y la licenciada Rosa María Montero Montoya, además de organismos como el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA, Radio Aeronáutica Mexicana (RAMSA) y el Instituto Politécnico Nacional (Ingeniería Aeronáutica) poniendo en su momento muy alto a la aeronáutica civil mexicana en el concierto global.
¡Caramba! Si fuimos una de las 54 naciones que participaron en la redacción del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, siendo uno de sus primeros firmantes, además de que un mexicano, el ingeniero Roberto Kobeh González, llegó a ser presidente del Consejo de la OACI y de que expertos de nuestro país frecuentemente eran requeridos para apoyar el desarrollo de las actividades aéreas civiles en América Latina.
¿Cómo es posible, me pregunto, que una aeronáutica de ese nivel haya caído al escaño en el que se encuentra en temas tan esenciales como son los relativos a la seguridad de las operaciones?
Irónicamente, al tiempo de plantear la pregunta comprendo que tengo la respuesta: La baja en la calidad de la gestión oficial de la aeronáutica mexicana ha repercutido en la calidad de la provisión de los servicios en tierra y aire en el espacio aéreo mexicano al grado de hacerlos inseguros, debido especialmente a que, desde hace décadas, con la complicidad de la propia industria que no se ha quejado como siento debería ser el caso, se ha abandonado tanto a la autoridad aeronáutica nacional como a proveedores oficiales de servicios a la aviación civil, caso notable del organismo denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y el CIAAC, a los que progresivamente se les han reducido presupuestos, autonomía, capacidad de gestión, nivel profesional de funcionarios y equipamiento, acceso a nuevas tecnologías e investigación, convirtiéndolos y más en este sexenio, en entidades completamente incapaces de cumplir siquiera con la más básica normatividad aeronáutica internacional con las onerosas consecuencias que episodios como las dos degradaciones de categoría por parte de autoridades aeronáuticas con pleno derecho han aplicado en el pasado reciente a la gestión de la seguridad operativa de la autoridad aeronáutica mexicana, acciones que bien podrían volver a tener lugar conforme, derivado de sus propias auditorías, de las practicadas por otras autoridades o la OACI y de boletines como el referido al comienzo de esta entrega, se genere intranquilidad y deban proteger tanto a sus ciudadanos como a sus operadoras de aerotransporte de las amenazas a la seguridad en la aviación mexicana.
Sobra decir con todas sus palabras que el término accidente está en el eje de todo el asunto, evento que todo profesional aeronáutico y funcionario público o privado relacionado debe tener como prioridad evitar a toda costa, algo que no parece ser ya el caso en los cielos de México en los que los intereses políticos parecen prevalecer inclusive sobre los mejores intereses de la integridad física de los usuarios del transporte aéreo, y eso estimado lector, insisto, no me agrada en lo más mínimo de ahí esta entrega que por ahí tiene el propósito de hacer un llamado de unión a los integrantes de la comunidad aeronáutica mexicana para defender a la aviación civil nacional del abandono al que está sometida por parte del gobierno federal.
Lo he dicho varias veces con anterioridad: La aviación civil ha sido sumamente generosa conmigo, por lo tanto es mi obligación moral defenderla empleando, caso de este espacio editorial, las armas a mi alcance.
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